Blog Jurídico y Fiscal
Asesoría fiscal para autónomos y pymes: errores que salen caros
Del modelo 130 mal calculado a facturas sin retención: repasamos los fallos fiscales más habituales entre autónomos y pequeñas empresas de la zona de Tarragona.
Buena parte de las inspecciones y requerimientos que gestionamos a autónomos y pequeñas empresas no vienen de operaciones complejas, sino de errores acumulados en la gestión trimestral que, sumados durante varios ejercicios, generan sanciones desproporcionadas respecto al problema original.
Uno de los errores más frecuentes es calcular mal los pagos fraccionados del IRPF (modelo 130) al no descontar correctamente los gastos deducibles o al olvidar los pagos ya realizados en trimestres anteriores. Esto provoca ingresos indebidos que luego cuesta recuperar, o al contrario, infravaloraciones que Hacienda detecta al comparar con el resumen anual.
Otro problema habitual, especialmente entre autónomos que facturan a otras empresas, es la retención del IRPF en factura: muchos profesionales (formadores, consultores, agentes comerciales) están obligados a aplicar retención y no lo hacen, o la aplican con el porcentaje equivocado según su antigüedad como autónomo. Este tipo de errores, individualmente pequeños, son precisamente los que activan alertas automáticas en la Agencia Tributaria cuando se repiten trimestre tras trimestre.
En el ámbito de las pequeñas empresas, vemos con frecuencia deducciones de IVA soportado en gastos que no cumplen los requisitos de afectación a la actividad (vehículos, dietas, suministros del domicilio si se trabaja desde casa), así como una llevanza contable que no refleja con exactitud el libro de bienes de inversión, lo que complica mucho la respuesta ante una comprobación limitada.
Nuestra recomendación para autónomos y pymes de Tarragona es sencilla: una revisión trimestral por parte de un economista, aunque parezca un coste añadido, sale mucho más barata que una sanción o un recargo por declaración extemporánea. Y cuando el asunto fiscal se cruza con una cuestión legal —constitución de sociedad, disolución, herencia de un negocio familiar—, tener al abogado y al economista trabajando en el mismo despacho evita contradicciones entre la estrategia legal y la fiscal.
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